RESUMEN
El
gerente de un taller del polígono de O Ceao, J.V.M., ha aceptado seis meses de
prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad por un delito contra los
derechos de los trabajadores al exigir 2.000 euros a un empleado para seguir
contratado.
Según
informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también se le impone
una multa de unos 900 euros –cinco euros al día durante seis meses–, con el
atenuante de reparación del daño al entregar al afectado y aseguradora los
12.000 euros que se pedían por las secuelas y daños derivados.
En el
escrito de la fiscalía se señalaba que el acusado "abusando de la
precariedad laboral existente en el sector" al finalizar el contrato de su
empleado en 2011 "amenazando con despedirlo, condicionó la renovación del
contrato de este trabajador a que este hiciera una aportación económica a la
empresa de 2.000 euros".
Esta
cantidad fue entregada por el empleado "en concepto de fianza", según
consta en un documento firmado por ambos y entregado al trabajador del taller.
Tras
ello, el empleado trabajó los años 2012 y 2013 sin disfrutar vacaciones y sin
recibir compensación económica alguna durante esos años. Además, el jefe
"minusvaloraba" a su subalterno y le decía: "¿Quieres
vacaciones? Vas a tener vacaciones toda la vida".
COMENTARIO
CRÍTICO.
La
Fiscalía de Lugo pide para el acusado una condena de dos años de prisión y
multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago, y que indemnice al trabajador con
10.000 euros con los intereses de demora, además de imponerle las costas del
proceso.
El
trabajador denunció los hechos ante el juzgado de instrucción número 2 de Lugo
que se recogen en el escrito de acusación de la fiscal Lucía Girón Conde. Según
este, el denunciante comenzó a trabajar en la empresa del denunciado desde
2008, pero al finalizar el contrato, el propietario y administrador del taller,
situado en polígono de O Ceao, condicionó la permanencia del trabajador en su
puesto de trabajo al pago de una cantidad que fijó en 2.000 euros, alegando
como argumento las eventualidades que pudieran surgir, derivadas de crisis
económica que entonces atravesaba el sector.
“El
acusado, abusando de la precariedad laboral existente en sector de su actividad
empresarial”, dice la fiscalía, en el año 2011, cuando el trabajador O.T.F.
finalizaba su contrato temporal, lo amenazó con despedirlo sin recibir ninguna
compensación económica.” Luego, “condicionó la renovación del contrato laboral
a que el trabajador hiciera una aportación económica a la empresa de 2.000
euros que fueron entregados en concepto de fianza para sufragar los gastos que,
en su caso, pudieran derivarse de la cesación anticipada de la relación laboral
con la empresa”, añade el Ministerio Fiscal. Todo ello quedó plasmado en un
documento firmado por ambos y entregado al trabajador.
También
recoge la acusación en su escrito que el denunciante llevaba dos años sin
disfrutar de vacaciones (2012 y 2013), sin recibir ninguna compensación
económica por ello, y que su jefe menospreciaba su trabajo. “El acusado minusvaloraba
al trabajador, diciéndole que no valía para nada y cuando éste le solicitaba el
disfrute de sus vacaciones solía contestarle: ”¿quieres vacaciones? vas a tener
vacaciones las que quieras, toda la vida”.
Como
consecuencia de la situación de estrés derivada de estos hechos, el trabajador
padece un trastorno adaptativo reactivo a factor estresante identificable,
actualmente en remisión, para el cual necesitó tratamiento médico y cuyo tiempo
estimado de curación se sitúa en los seis meses, incide también la fiscalía en
base a los informes médicos.
Además
de constituir los hechos de la denuncia un supuesto delito contra los derechos
de los trabajadores, la fiscal del caso solicita al tribunal que el empresario
y acusado indemnice a su empleado con 10.000 euros, más los intereses legales
de demora, por las secuelas y daños sufridos por este “derivados de su
conducta” conjunta y solidariamente con la compañía aseguradora con la que la
empresa tenía contratada la póliza de riesgos laborales.
Laura Vílchez Moreno. (DTB)
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