¿Nos lo
podemos permitir?
RESUMEN:
El ingreso mínimo es caro, pero si la sociedad española aspira a un
mínimo de justicia no puede dejar a millones de personas en la marginalidad
social. En pocos días, el Congreso de los Diputados constituirá formalmente la
ponencia encargada de redactar la ley que ha de establecer un Ingreso Mínimo
para parados sin recursos en nuestro país. Como era de esperar, casi
inmediatamente se han alzado las voces que llaman a la “responsabilidad” del
legislador, porque “algo así no nos lo podemos permitir”.
CLAVES JURÍDICO LABORALES:
Se trata de una iniciativa
legislativa popular, llegada al Congreso gracias al esfuerzo y la esperanza de
más de 700.000 firmantes. Sus promotores fueron los sindicatos UGT y CCOO,
legítimos representantes de los trabajadores españoles. Esta iniciativa
legislativa popular interpela a los poderes públicos para cumplir una
obligación moral antes que política: la de luchar efectivamente contra la
pobreza y proveer a nuestros semejantes de los medios necesarios para vivir con
dignidad.
VALORACIÓN PERSONAL:
Me parece una buena medida la iniciada por estos sindicatos, ya que
mientras las empresas multiplican los beneficios las tasas de paro son cada vez
mayores. Más de la mitad de 3.7 millones
de personas que están en paro no reciben prestación pública alguna. Los hogares españoles con todos sus miembros
en paro superan los 1.2 millones, y más de 1 de cada 5 españoles supera el
umbral de la pobreza. Y esto supone un problema grave para unas sociedades que
tradicionalmente han vinculado renta con empleo y ayudas públicas con
situaciones temporales de desempleo. Si las economías de mercado no son capaces
de reducir las tasas de paro, y en tanto no cambiamos el paradigma económico en
favor del reparto de los tiempos de trabajo o el fomento de nuevas actividades
intensivas en mano de obra, parece razonable generalizar prestaciones de
ingresos mínimos como la que nos ocupa. Si la ayuda se establece como
una nueva prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social, financiada
con los presupuestos del Estado, pero gestionada por las Comunidades Autónomas,
salvaremos las dificultades competenciales. Si acordamos un calendario de
aplicación progresiva, sortearemos también los inconvenientes presupuestarios.
Si vinculamos bien la prestación con el marco global de las políticas activas y
pasivas de empleo, así como con las rentas autonómicas de inserción, el
conjunto podría resultar armonioso y eficaz. Estas ayudas supondrían alrededor de unos 6 a
12 millones de euros que si comparamos con los 40 millones de rescate a la
Banca, o con los otros 40 millones de euros de dinero negro lavado en la amnistía
fiscal de Montoro podríamos preguntarnos qué ¿Cómo de cara resulta la pobreza?
AUTORÍA: JUANA PONCE LANZAS
(DTB)
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