Resumen
Los órganos judiciales de Ourense ingresaron el pasado año 32.398 asuntos, lo que supuso una bajada interanual del 2,1 por ciento, tal como revelan los datos del Consejo General del Poder Judicial publicados ayer. Los pleitos descendieron en penal y en la jurisdicción contencioso-administrativa mientras que experimentaron un ascenso en materia civil y, sobre todo, en el ámbito social. La tasa de litigiosidad es de 104,5 por 1.000 habitantes, más baja que la media gallega (118,1) y la estatal (126,1).
Los cuatro juzgados de los social registraron el pasado año 3.702 demandas, un 12,5% más. Fuentes de esa jurisdicción en Ourense atribuyen el aumento de asuntos a dos causas fundamentales. Por un lado, los procedimientos derivados de la doctrina europea que equipara las indemnizaciones por finalización de contrato entre los trabajadores fijos, temporales e interinos (caso De Diego Porras) y las reclamaciones del complemento a mínimos en las pensiones de los retornados de Venezuela (llegaron 369 emigrantes de ese país en 2017).
Por contra, la conflictividad social se aminoró. Según asegura el letrado de la administración de justicia, José Luis Roig, "los despidos bajaron en torno a un 30 o 40%".
En civil, hubo 13.351 nuevos asuntos el pasado año, lo que supuso un 6,4% más. En este aumento, tuvieron un papel decisivo las demandas relacionadas con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física -por ejemplo, las cláusulas suelo-. Según confirman en el juzgado ourensano que resolvió esos pleitos en 2017, hubo casi 700 entre junio y diciembre.
Por contra, en la jurisdicción penal se sustanciaron 14.709 litigios, un 11,2% menos. En los tres juzgados de instrucción de la ciudad, por ejemplo, el descenso fue mayor, un 15,6%. Un dato que se explica en una delincuencia menos activa en el ámbito urbano, aunque desde el interior de un juzgado la interpretación de la estadística entiende más de trasfondo que de números.
El juez decano, Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1, tiene la impresión que 2017 fue un año "de mucho trabajo", aunque reconoce que puso 41 menos sentencias (306 frente a las 347 del ejercicio anterior) y autos (410 frente a 414). "Fue un año de asuntos más complejos en cuanto a las diligencias precisas para su tramitación y dificultad por el número de partes implicadas o la materia en cuestión", explica, para poner como ejemplo los fraudes tributarios y las estafas. A su entender, se consolidó una tendencia evidenciada hace dos años en la que los delitos estrella, en cuanto a incidencia, "son los patrimoniales: hurtos, robos y estafas, sobre todo a través del internet".
Sin olvidar que los juzgados de instrucción perdieron una mochila importante con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a finales de 2015, que sacó del circuito judicial las diligencias por delitos y faltas sin autor conocido. Esto últimos (daños, hurtos, robos, principalmente) provocaban un importante volumen de papeleo sin resultado efectivo y que contribuían a la congestión.
Por último, la jurisdicción contencioso-administrativa sumó 636 pleitos (un -8,4% menos con respecto a 2016) mientras que resolvió 641. Comenzaron el año con 413 pendientes de resolución, un -1% menos que el año anterior.
Claves jurídicas
32.398 asuntos jurídicos
Bajada del 2,1 %
314.306 resueltos
Valoración personal
En mi opinión me parecen demasiados casos a resolver por parte de la jurisdicción social, y creo que las causas son tales como los procedimientos derivados de la doctrina europea que equipara las indemnizaciones por finalización de contrato entre los trabajadores fijos, temporales e interinos y las reclamaciones del complemento a mínimos en las pensiones de los retornados de Venezuela (llegaron 369 emigrantes de ese país en 2017).
Javier Malpica Díaz (JS)
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